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13 de abr. de 2021 · El que deliberada e ilegítimamente inutiliza, total o parcialmente, un sistema informático, impide el acceso a este, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ochenta a ciento veinte días-multa.
Resumen: El artículo examina el delito de fraude informático, con énfasis en su concepto y delimitación. Para ello, comienza analizando su injusto en relación con los restantes delitos informáticos. Luego, aborda su sentido y alcance, así como su vínculo con otras figuras delictivas.
Artículo 8. Fraude informático El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero mediante el diseño, introducción, alteración, borrado, supresión, clonación de datos informáticos o cualquier interferencia o
11 de mar. de 2024 · El tipo delictivo de fraude informático criminaliza la alteración de datos informáticos o la manipulación en el funcionamiento de un sistema informático, y el tipo delictivo de falsedad material impropia castiga el mero uso de documentos falsos o falsificados.
Fraude informático. Se comete fraude informático cuando una persona a través de un sistema de datos causa un daño a un tercero. Esto en función de los criterios definidos en la Ley Nº 30096, artículo 8. Por otro lado, la persona que cometa este delito será sancionada con pena privativa de libertad.
¿Qué es el fraude informático? La definición de lo que constituye fraude informático se vuelve cada vez más compleja con el ingenio de las personas que intentan engañar, tergiversar, destruir, robar información o causar daño a otros al acceder a la información a través de medios engañosos e ilegales.
ocho años por el delito de fraude informático y dos años de pena privativa de la libertad efectiva y falsificación de firma en documento privado. Posteriormente, mediante la Resolución de 26 de diciembre de 2017, se le redujo la pena a seis años de pena privativa de la libertad efectiva, por ambos delitos.
