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  1. - Finalmente, solicitan como pretensión accesoria que se declare que la investidura parlamentaria es un derecho constitucional irrevocable, salvo en el supuesto excepcionalísimo de disolución parlamentaria, conforme a lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, que señala que no hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario distintas a la disolución; y que cualquier ...

  2. 5 de ene. de 2022 · La importancia de garantizar estos espacios en la formación de decisión en nuestro Estado, refiere a dos principales razones: en primer lugar, la deliberación permite mejorar las decisiones; y, en segundo lugar, permite a las voces disidentes ejercer su derecho a ser oídas (Waldron, 2006, p. 383).

  3. 18 de ene. de 2022 · Según el artículo 93º de la Constitución, la inmunidad parlamentaria garantiza que los altos funcionarios no sean «responsables ante autoridad ni órgano jurisdiccional alguno por las opiniones y votos que emiten en el ejercicio de sus funciones» (inviolabilidad de votos y opiniones).

  4. La inmunidad parlamentaria consiste en aquella protección de carácter procesal, que tienen los representantes cuando se les intenta seguir un proceso penal, por su probable responsabilidad en la comisión de un delito.

  5. 19 de dic. de 2020 · Si la finalidad de la inmunidad parlamentaria está destinada fundamentalmente a la constitución y funcionamiento del Congreso, entonces la inmunidad no puede considerarse como un derecho o una prerrogativa individual de los congresistas, sino como una garantía institucional del Parlamento que protege la función congresal y al propio Poder Legisl...

  6. 10 de may. de 2023 · En la edición del diario oficial “El Peruano” de 9 de marzo de 2023, se ha publicado una importante sentencia del Tribunal Constitucional sobre el llamado “control judicial sobre las decisiones de los órganos del Congreso”, recaída en el exp. 00003-2022-PCC/TC y en sentencia numerada así: 74/2023.

  7. La inmunidad parlamentaria impide que un congresista pueda ser procesado o preso sin la previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente y constituye una prerrogativa que puede limitar el acceso a la justicia para la tutela