Yahoo Search Búsqueda en la Web

Resultado de búsqueda

  1. 10 de may. de 2024 · Este último Código, en su Título Preliminar, no sólo reconoce como derechos procesales el juicio previo y público —de directa relevancia constitucional (artículo 139º.4 y 10); también establece que el enjuiciamiento ha de ser oral y contradictorio (artículo I.2).

  2. 13 de may. de 2024 · Las disfunciones y dificultades se paliarían en gran medida si se imprimiese celeridad a la justicia penal, si se acabase con esa cronificada lentitud que dilata los periodos entre la comisión del hecho y su enjuiciamiento; entre su enjuiciamiento y la ejecución.

  3. 13 de may. de 2024 · Competencia y Legitimación: Conforme al artículo 454 bis de la LEC, en su redacción dada por el Real Decreto-Ley 6/2023, se establece la posibilidad de interponer recurso directo de revisión contra los decretos que pongan fin al procedimiento o impidan su continuación, así como recurso de revisión ante el tribunal contra los decretos resolutivos...

  4. Hace 2 días · Se definen así: “Comenzando por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se modifica solo en cuestiones puntuales que permitan ordenar los procedimientos existentes para fomentar su agilización, hasta tanto se elabore y entre en vigor una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que diseñe un procedimiento penal del siglo XXI”.

  5. 4 de may. de 2024 · El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional continuó la audiencia de control de requerimiento mixto, este lunes 29 de abril, contra el expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

  6. 7 de may. de 2024 · Esto se debe a que la Ley de Enjuiciamiento Civil establece en su artículo 548 que debemos esperar a que transcurra un plazo de 20 días hábiles para poder instar la ejecución de la sentencia, contados desde el día en que esta adquiere firmeza. ¿POR QUÉ EXISTE ESTE PLAZO?

  7. 8 de may. de 2024 · Las leyes estatales y autonómicas se citan habitualmente en el cuerpo del texto. Las leyes más reconocibles del ordenamiento jurídico español, se citan en el texto mediante abreviatura, mientras que aquellas leyes que no tengan una abreviatura conocida, se citarán en el cuerpo del texto mediante número y fecha.