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31 de ago. de 2011 · El control difuso de constitucionalidad consiste en aplicar las normas constitucionales a casos concretos (tradicionalmente no se podía, porque los jueces sólo podían aplicar las normas de su jurisdicción, por ejemplo, en este caso, sólo el Código Penal local, aunque fuera inconstitucional); el control difuso de convencionalidad, por su parte, consiste en hacer lo propio con los tratados ...
control difuso. Antes de esta decisión imperaba un control concentrado, lo que cambió radicalmente el 14 de julio de 2011, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente 912/2010 relativo a la sentencia emi - tida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo
El control difuso opera, en cambio, cuando puede ejercitarse válidamente por todos los jueces ordinarios, en general 35. Analizaremos, a continuación, tres cauces por los cuales las técnicas del control difuso ya están siendo utilizadas por los jueces ordinarios de la instancia respectiva. 10.1. La derogación constitucional de leyes ...
Volver a los detalles del artículo El control difuso de la constitucionalidad en México. Reflexiones en torno a la tesis P./J. 38/2002
27 de sept. de 2019 · SEGUNDO: Sobre el control difuso 2.1 En un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, prevalece la norma constitucional cuya supremacía y jerarquía (reconocida en el artículo 51 de la Constitución Política), debe ser preservada por todos los jueces al momento de resolver los casos de su competencia, habiendo sido habilitados por mandato constitucional para tales fines, ejercer la ...
control difuso de constitucionalidad que faculta nues tro sistema mixto de justicia constitucional. Esta decisión judicial fue apelada por la defen sa de los paramilitares, debiendo ser resuelta por la Sala Penal de la Corte Superior. Sin embargo, ante el fallo de la jueza Saquicuray inaplicando la Ley de Amnistía, la
El control difuso constituye un nuevo paradigma que deben ejercer todos los jueces mexicanos. Consiste en el examen de compatibilidad que siempre debe realizarse entre los actos y normas nacionales, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), sus protocolos adicionales, y la jurisprudencia de la
