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  1. 4 de ago. de 2018 · El decreto legislativo Nº 1373 establece el proceso de extinción de dominio como una herramienta de política criminal independiente y autónoma del proceso penal, dirigida contra bienes y fortunas adquiridas como producto de actividades ilícitas. Conoce el ámbito de aplicación, los principios y criterios, las etapas y los plazos de este ordenamiento normativo.

  2. 1 de sept. de 2023 · El artículo explica el concepto, el origen y el destino de los bienes ilícitos, y el marco legal y constitucional de la extinción de dominio en Perú. También presenta un caso práctico sobre la vulneración de la libertad en una investigación de tráfico de drogas y la aplicación de la LED.

  3. Decreto Legislativo N.° 1373. 4 de agosto de 2018. Decreto Legislativo sobre extinción de dominio.

  4. • La extinción de dominio es la consecuencia jurídico patrimonial que traslada a la esfera del estado la titularidad de los bienes que constituyen objeto, instrumento, efectos o ganancias de actividades ilícitas, mediante sentencia emitida respetando el debido proceso, sin indemnización ni contraprestación alguna a favor del requerido o de terce...

  5. 12 de jun. de 2019 · El proceso de extinción de dominio es un mecanismo jurídico-patrimonial que declara la titularidad de los bienes ilícitos a favor del Estado. La Corte Suprema precisa las diferencias, los requisitos y los supuestos de este proceso con el penal.

  6. 5 de dic. de 2019 · El proceso de extinción de dominio es un mecanismo judicial para perseguir los bienes de origen o destinación ilícita y declarar la pérdida del derecho de propiedad. Conozca qué actividades ilícitas lo dan lugar, qué diferencia tiene con el proceso penal y qué etapas tiene el proceso según el Decreto Legislativo 1373.

  7. EXTINCIÓN DE DOMINIO Asignación de recursos para programas de protección de funcionarios del Poder Judicial, el Ministerio Público, y las autoridades administrativas Financiación de las entidades legitimadas para presentar solicitudes de extinción de dominio •Financiar la Administración de Justicia

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