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Perú viene atravesando una de las más severas crisis de corrupción en su historia, involucra a funcionarios de la administración pública, poderes del Estado y ejecutivos de empresas del sector construcción, originando severos impactos en el desarrollo político, social y económico del país (Valeriano, 2019).
7 de feb. de 2022 · Los delitos de «corrupción de funcionarios» contenidos en el Código Penal peruano se refieren, sobre todo, a prácticas que configuran formas de oferta, compra o venta de actos funcionales o disfuncionales que debe practicar un funcionario público.
El contralor general Nelson Shack reveló que en el año 2021 los actos de corrupción e inconducta funcional en la administración pública ocasionaron al país un perjuicio económico estimado en S/ 24 262 964 827, de acuerdo al Índice CGR de Corrupción 2021 que anualmente emite la Contraloría General.
Entre los delitos de corrupción tenemos: Abuso de autoridad. Cobro indebido. Cohecho. Colusión. Concusión. Enriquecimiento ilícito. Malversación de fondos. Negociación incompatible. Nombramiento o aceptación ilegal de cargo. Patrocinio ilegal. Peculado. Tráfico de influencias.
A finales del año 2000 se gestó el sistema penal especializado en delitos de corrupción de funcionarios en el Perú, con la finalidad de enfrentar la impunidad de los casos de alta corrupción que reflejaban, muchas veces, el carácter sistemático y generalizado de este fenómeno en la sociedad peruana.
Los actuales casos de megacorrupción a nivel nacional y en los niveles subnacionales, así como la pequeña corrupción, que afecta la dignidad de las poblaciones más vulnerables, son una clara muestra de la poca capacidad del Estado para enfrentar este flagelo. Conocer el problema es un primer paso para enfrentarlo.
En esta línea, se pudo evidenciar el número de casos de corrupción en el marco de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, identificando si los delitos se relacionaban con la adquisición de bienes, de servicios o con la contratación de obras públicas.
